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La defensa de Secretos Empresariales en España y Europa.

Como en otras ocasiones, en Nivolap abordamos cuestiones relevantes y novedosas para empresas y startups. Días atrás tratamos en nuestro blog los conflictos digitales provocados por el Covid-19 o la necesariedad de la contratación de un Delegado de Protección de Datos para nuestra empresa. Para seguir con nuestra línea, en este post hablaremos sobre la defensa de Secretos Empresariales en España y Europa.
secretos empresariales

La falta de regulación en materia de secretos empresariales, según el Informe encargado por la Comisión Europea titulado ‘The Scale and Impact of Industrial espionage and theft of trade secrets through cyber’, de diciembre de 2018, suponía una pérdida económica de 60 billones de dólares, traduciéndose en una pérdida de competitividad, pérdida de trabajos y de inversión en Investigación y Desarrollo en los Estados de la Unión Europea.

Gracias a la regulación dada por la Directiva 2016/943, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, traspuesta al Derecho Nacional por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, basadas en la prevención y la posibilidad de ejercitar acciones en defensa de los secretos empresariales, se otorgan los instrumentos necesarios a las empresas para poder reducir este impacto enorme en materia económica y para la competitividad de las empresas.

La falta de regulación en materia de secretos empresariales suponía una pérdida económica de 60 billones de dólares, traduciéndose en una pérdida de competitividad, pérdida de trabajos y de inversión en Investigación y Desarrollo en los Estados de la Unión Europea.

La Directiva y la Ley anteriormente expuestas indican que toda persona que considere que es titular de secretos empresariales deberá analizar si ejerce el control sobre una información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que sea secreto, que tenga un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y que haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto si se produjera una vulneración de dichos secretos empresariales. Si eso se produjera, seríamos titulares de un secreto empresarial, por lo que la Ley y la Directiva nos permitirá, por medio de los siguientes pasos, protegernos de posibles violaciones de nuestros secretos empresariales:

  1. Acreditar que efectivamente ha habido una divulgación o explotación del secreto empresarial.
  2. Probar que no ha habido ninguna autorización del titular del secreto a su divulgación por parte del demandado.
  3. Definir y argumentar qué secreto empresarial se ha divulgado o explotado.
  4. Acreditar que efectivamente se ha producido un acceso ilegítimo a dicho secreto.
  5. Probar que la violación se realizó con ánimo de obtener provecho o bien con ánimo de perjudicar al titular del secreto empresarial.

Como titular de un secreto empresarial, podremos llevar a cabo, entre otras, todas o algunas de las siguientes acciones para proteger el mismo, enumeradas por el artículo 9 de la Ley de Secretos Empresariales:

  • Una acción declarativa de violación del secreto empresarial;
  • Una acción de cesación o prohibición de los actos de violación del secreto empresarial;
  • Una acción de prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento;
  • Etcétera.

Dichas medidas, establece la Ley, deberán ser proporcionales y adecuadas según las circunstancias del caso, atendiendo a cuestiones como el valor y las características del secreto empresarial, las consecuencias de la violación, la probabilidad de que el infractor persista en dicha violación, etc.

Además de dichas acciones, tendremos derecho a solicitar una indemnización por daños y perjuicios, según establece el artículo 10 de la misma Ley, basándose dicha indemnización en el principio de indemnidad, es decir, cubriendo los perjuicios ocasionados por el infractor (daño efectivo, enriquecimiento injusto, daños derivados o daños derivados como consecuencia de la actuación de la violación del secreto empresarial).

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