Nuevos tiempos, nuevas pruebas

Como es sabido, la evolución de la tecnología ha puesto en jaque el principio de adaptación del Derecho frente a los cambios sociales; y es que esa capacidad de ajuste del Derecho no puede neutralizar el aumento de ciertos escenarios que se generan a diario en nuestra Sociedad, y que derivan en cierto modo del nacimiento exponencial de las llamadas «Tecnologías de la Información y la Comunicación» (a partir de ahora, T.I.C.S.). Los nuevos medios de comunicación (e-mails, SMS, Skype, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, etc.) y, entre otras, las aplicaciones de mensajería instantánea (WhatsApp, Allo, Line, Telegram, Hangouts, WeChat, BlackBerry Messenger, Facebook Messenger, Viber, Spotbros, etc.) han adquirido especial relevancia en nuestras vidas, hasta el punto de que su uso se ha generalizado y se han convertido en auténticos instrumentos probatorios que se pretenden demostrar en vía judicial.

 

Sobre el uso desmesurado de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea

Nos encontramos ante un nuevo récord: se calcula que una de cada siete personas en el mundo usa WhatsApp; es más, se calcula que el 70% de esos usuarios utilizan esta app a diario. Y, por si fuera poco, España se sitúa como el cuarto país del mundo –y a la cabeza de Europa– en el uso de esta aplicación de mensajería instantánea, alcanzando una cuota de penetración del 70% entre los usuarios de telefonía móvil (por detrás de Sudáfrica –78%–, Singapur, –72%–, y Hong Kong, –71%–).

Estos datos revelan un uso desmesurado de los teléfonos inteligentes, sus aplicaciones y redes sociales por parte de los españoles. Como ejemplo y según datos de febrero de 2016, en WhatsApp se comparten cada día 42 billones de mensajes, 1,6 billones de fotos y 250 millones de vídeos. Estos estratosféricos datos dejan en evidencia las deficiencias que sufre actualmente nuestra legislación, y más todavía en lo que se refiere al proceso penal.

 

Nuevas formas de violencia de género: a golpe de «click»

En este sentido, la aparición de las T.I.C.S. ha provocado la proliferación de los denominados «delitos informáticos» o «ciberdelitos» (entendidos como aquellas acciones antijurídicas y culpables que se dan por vías informáticas, o que tienen como objetivo principal destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos o redes de Internet). Pues bien, los ciberdelitos, tales como el cyberstalking o el sexting, han crecido en nuestro país a un ritmo veloz; y ese crecimiento fugaz ha provocado que, unido a que son realmente difíciles de perseguir y que adolezcamos de graves problemas probatorios, se produzca que el Ordenamiento jurídico no sepa responder ante esta situación.

Respecto al stalking, decir que, por ejemplo, a través del envío retirado de mensajería móvil –probablemente a través de mensajería instantánea– se busca perseguir ininterrumpida e intrusivamente a la víctima con el fin de iniciar o restablecer un contacto personal contra su voluntad.. En otras palabras, esta nueva figura delictiva, introducida mediante Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, da una respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podrían ser calificadas como coacciones o amenazas. Entonces, se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de la violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento.

En este sentido, el nuevo artículo 172.1 ter del Código Penal establece que «será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: 1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación, o por medio de terceras personas. 3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella. 4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella». Así las cosas, el principal bien jurídico afectado por el stalking es la libertad, aunque también se tienen en cuenta el honor, la integridad moral o la intimidad.

Por otra parte, por sexting se entiende «el envío de imágenes estáticas (fotografías) o dinámicas (vídeos) de contenido sexual de mayor o menor carga erótica entre personas que voluntariamente consienten en ello y, que forma parte de su actividad sexual que se desarrolla de manera libre», que finalmente acaban siendo difundidas, relevadas o cedidas a terceros (véase, de esta forma, Sentencia número 486/2014 de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 1ª), de 18 de septiembre). Ahora bien, la cobertura jurídica nos la da el artículo 197.7 del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015, anteriormente citada.

En este sentido, el precepto indica que «será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. La pena se impondrá en su mitad superior cuando los hechos hubieran sido cometidos por el cónyuge o por persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, la víctima fuera menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o los hechos se hubieran cometido con una finalidad lucrativa».

 

Conclusiones de Nivolap Abogacía Digital y Legaltech

Con la aparición de las redes sociales, han nacido multitud de nuevas formas de violencia de género. Si a eso añadimos que Internet proporciona anonimato a los ciberdelincuentes (por ejemplo, utilizando el navegador Tor que hace que la dirección IP no sea revelada) y que el mundo está extremadamente globalizado, ocurre que prácticamente los hechos delictivos no se puedan perseguir y demostrar judicialmente, llegando a situaciones tan inseguras como la atenuación de la pena o la absolución de los acusados. Vivimos en un mundo en el que nos acostamos actualizados, y nos levantamos desactualizados.

 

Por José Sánchez Hernández. Abogado especialista en Derecho Informático.

Sigue nuestra actividad en: