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Diversos estudios indican que después del 2020 más del 95% de los conflictos jurídicos tendrán un componente tecnológico, sobre todo a nivel probatorio.

El impacto de la tecnología en el sector judicial provocada por la Covid19 hace que los operadores jurídicos tengan que adaptar ciertas prácticas de su día a día para dar un trato rápido, ágil y cercano a un ciudadano que cada vez será más digital. Este cambio viene para quedarse e implementarse en todos los despachos de abogados y de momento afecta más a la gestión de los mismos y los programas para realizar tareas de trámite que pueden ser automatizadas, tomando cierta relevancia los programas Legaltech.

Podemos decir que la pandemia aceleró la llegada completa de la justicia electrónica o también denominada e-justicia. Al final se trata de un cauce tecnológico para impartir justicia sin que la misma pierda su esencia, puesto que los cambios ofrecidos por las TIC solo afectan la forma externa de ciertos actos procesales sin que los mismos pierdan su propia identidad.

El impacto de la tecnología en el sector judicial provocada por la Covid19 hace que los operadores jurídicos tengan que adaptar ciertas prácticas de su día a día para dar un trato rápido, ágil y cercano a un ciudadano que cada vez será más digital.

De este modo, la e-justicia se podría definir como la inclusión del uso de las tecnologías del conocimiento y la información en la Administración de Justicia. Esta supone el uso de una pluralidad de instrumentos y canales tecnológicos a la hora de impartir justicia. En la actualidad, los principales canales tecnológicos que se usan en la Administración de Justicia son los ordenadores, los sistemas de videoconferencia, la videograbación de vistas, vías telemáticas para realizar actos de comunicación, las conexiones telefónicas, el fax e Internet. Estas herramientas pueden llegar a hacernos pensar en múltiples proyectos para la adaptación de la justicia a la revolución tecnológica, tales como pruebas electrónicas, portales web de comunicaciones electrónicas entre operadores jurídicos, sistemas de gestión procesal y de tramitación procesal informatizados o incluso la posibilidad de realizar juicios en línea o juicios virtuales, tal y como ocurre en España desde el mes de mayo de 2020 en distintos órdenes jurisdiccionales dentro del plan de desescalada planteado por el Ejecutivo.

Todos estos canales nos llevan a dotar a la Justicia de una nueva perspectiva con la que se consigue mejorar el acceso de los ciudadanos a ella y conseguir una justicia moderna, ágil y eficaz. Es decir, una concepción que nos puede permitir una justicia de calidad y, al mismo tiempo, abierta, transparente y próxima al ciudadano para la que se necesitan operadores juristas con conocimientos en materias no solo jurídicas, sino también tecnológicas.

La realidad que nos asola nos empuja a buscar profesionales jurídicos con competencias digitales que sepan comprender las propias características de los conflictos que se producen en un entorno electrónico.

Diversos estudios indican que después del 2020 más del 95% de los conflictos jurídicos tendrán un componente tecnológico, sobre todo a nivel probatorio. Eso hará que ya no solo las labores de gestión, sino que instituciones como la prueba varíen, o igualmente la jurisdicción en el caso de que los conflictos vengan generados por componentes electrónicos. Nos encaminamos poco a poco a una justicia global digital y eso no solo afectará en la práctica profesional sino a las competencias y habilidades que deba poseer todo abogado; demostrando así el impacto de la tecnología en el sector judicial provocada por la Covid19.

Nos encontramos ante operadores jurídicos con formación en derecho y tecnología, como nuevos profesionales que se adaptan al cambio tecnológico de manera progresiva y constante y que entienden el impacto que la tecnología debe tener sobre distintas ramas del derecho privado y el derecho público. Pienso que estamos realmente ante un concepto temporal y que dentro de pocos años este concepto no tendrá sentido pues los nativos digitales tornarán en profesiones tecnológicas y seguramente los programas de estudio del título de derecho se deberán modificar. Aun así, la realidad que nos asola nos empuja a buscar profesionales jurídicos con competencias digitales que sepan comprender las propias características de los conflictos que se producen en un entorno electrónico.

El impacto de la tecnología en Nivolap  a causa del Covid19
Algunos integrantes de Nivolap Abogacía Digital, Empresa y Startups. Fuente: Nivolap

Con la pandemia las reclamaciones ante compañías áreas han aumentado de manera exponencial, así como otro tipo de conflictos vinculados al comercio electrónico. Estas disputas deben ser atendidas por profesionales con conocimientos propios en el sector. Si a ello le sumamos que posibles nuevos confinamientos de la población, ya sean domiciliarios o geográficamente perimetrales nos abocan a buscar despachos profesionales que ofrezcan posibilidades de gestionar su despacho de manera virtual. Es decir, dar asesoría mediante canales tecnológicos sobre cuestiones digitales que eviten la interacción física con el cliente con independencia de su situación geográfica.

Esta cuestión también es extrapolable a nuevas empresas de base tecnológica que crean que por la pandemia sus posibilidades de proyección y constitución se han visto mermadas…nada más lejos de la realidad, es un buen momento para iniciar proyectos de este tipo y es necesario de profesionales jurídicos especializados en la materia. Si a todo ello le sumamos que este tipo de abogados tienen una preparación específica en derecho y nuevas tecnologías, la litigación a través de juicios telemáticos no supone para ellos ningún inconveniente adicional a la hora de realizar su trabajo.

Es por ello por lo que creo más necesario que nunca la existencia de despachos de Abogacía Digital como Nivolap, conformado por antiguos alumnos de la USAL, el cual tengo el placer de mentorizar, guiándoles como tutor en esta labor y ejercitando una clara labor de transferencia del conocimiento entre Universidad y Empresa. Nivolap es un ejemplo de spin off en la formación de investigadores en la cultura emprendedora situado en el Parque Científico de la USAL. Profesionales formados en competencias digitales aplicadas al derecho que se dedican a asesorar en todas las disputas digitales provocadas en estos difíciles tiempos de pandemia.

Federico Bueno de Mata.

Mentor e impulsor de la spin off Nivolap

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